En el caso del Estado de Baja California, la política criminológica, incluidos sus planes estratégicos, operativos y tácticos, obedecen a lo que estatuye nuestra Ley Fundamental, el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia, así como los Planes Sectoriales en materia de Seguridad Pública.
En este sentido se debe analizar la política criminológica, a través de estos medios formales de control social, directrices y estrategias, las cuales se deben llevar al efecto en las distintas Entidades Federativas para lograr la eficacia en materia de seguridad pública y justicia penal, servicios sine qua non del Estado, con lo cual se logra la legitimación del mismo ante los propios gobernados.
Cuando hablamos de política criminal o política criminológica como le llama el Dr. Luis Rodríguez Manzanera, debemos empezar por definir esta, para saber de que estamos hablando, en este sentido tenemos que la Dra. María de la Luz Lima Malvido, define a la política criminológica como: “Un instrumento de cambio social que busca romper la incomunicación que existe entre los planificadores de diversas actividades y sectores, buscando dirigir todo hacia una sola resultante: la Justicia Social”.
En definitiva, cuando hablamos de este tema, entramos en controversia, ya que como hemos visto, no solo son cuestiones referentes a los instrumentos jurídicos represivos, sino también, a cuestiones de carácter social, por ende, los diversos profesionales de las ciencias sociales y humanas, tienen una opinión en el sentido de cómo debe de ser la política para prevenir y reprimir la delincuencia.
Así pues, la visión del criminólogo y el abogado para la planeación de la política criminológica es esencial, ya que son quienes analizan desde dos puntos de vista la conducta antisocial y delictiva; razón por la cual, son quienes deben realizar las políticas públicas en la materia, ya que son quienes entienden de forma integral el fenómeno de la delincuencia en sus distintas vertientes.
Es característico que los políticos se refieran al fenómeno criminal sin una visión criminológica, piensan muchas veces en política criminológica como solamente la reacción ante el delito, y esto no lo es así, se olvidan en reiteradas ocasiones de la prevención; y en el medio de la consultoría empresarial en materia de seguridad, se establece que los programas de seguridad personal deben dividirse en un 95% de prevención, y un 5% de reacción, esto para disminuir al máximo el riesgo en cualquiera de sus modalidades; por ende, es de causar curiosidad que los estrategas en materia de seguridad en México, no empleen esta regla tan básica en materia de seguridad.
La visión del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, es la siguiente:
“Podemos estar cazando y capturando a los criminales, pero si no arreglamos el problema de fondo, que es tener policías débiles, corruptas; Ministerios Públicos débiles, corruptos; jueces débiles, corruptos; no vamos a terminar nunca esta tarea. Necesitamos una reconstrucción institucional en el país, empezando por las policías, por los Ministerios Públicos, por los jueces. En pocas palabras, necesitamos reconstruir la autoridad. Y no puede reconstruirse la autoridad si no hay una exigencia y un ímpetu ciudadano que pueda impulsar y reconstruir esa autoridad”.
En este entendido, y siguiendo al Maestro Octavio Alberto Orellana Wiarco, menciona que; “La consideración de que la política criminal se ocupa de los aspectos crítico y constructivo, recientemente son calificados de “Ingeniería Institucional”, de tal modo que la política criminal constituye un campo especializado la ciencia política, y a la vez de la ingeniería constitucional penal constituye uno de los capítulos destacados de la ciencia de la política criminal”.3
En este orden de ideas, la administración del actual Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, estableció una política criminológica que busca acabar con los carteles de las drogas y el crimen organizado, conocida con el término de “Guerra”, el cual ha sido utilizado durante el sexenio Calderonista por los Secretarios de Estado, a quienes les compete la función de la seguridad pública y la justicia penal, termino el cual consideramos erróneo, ya que la guerra se hace en contra de otros países en igualdad de circunstancias. Así pues, hablando de delincuencia organizada en un país, es erróneo decir que existe una guerra en su contra, ya que aunque sean sujetos que pertenezcan a la delincuencia organizada, no dejan de ser gobernados.
Después de esbozar de forma sucinta los conceptos básicos de la política criminológica en general, así como la establecida por el Estado Mexicano, además de la idea que tiene el Presidente Felipe Calderón acerca de cómo se debe establecer una política en contra de la delincuencia, analizaremos brevemente lo que realiza el Estado de Baja California como política criminal en la Entidad, tomando como base, dos aspectos de control social formal que se relación intrínsecamente con el fenómeno de la criminalidad; el Sistema de Seguridad Pública y el Sistema de Justicia Penal.
La seguridad pública es un tema el cual podemos definir incluso de moda, todos quieren hablar de este tema, incluyendo los que no saben. Así pues, esta es una parte esencial de la política criminológica que ha establecido el Estado de Baja California, claro que siguiendo los lineamientos que establece la federación para este tópico, para lo cual, se ejerce el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en los Estados (FASP), del cual se derivan las estrategias a seguir y cubrir con dicho fondo, como lo es, la profesionalización y actualización de los policías, la adquisición de armamento y equipamiento policial, así como salarios mejor remunerados y servicios sociales adecuados para el personal operativo y quienes conforman las instituciones policiales en la Entidad; en corres correspondencia a estos derechos percibidos, existe el deber para con la sociedad de ejercer eficazmente el servicio de seguridad pública que evite vulnerar los bienes jurídicamente tutelados de la ciudadanía en general.
De igual manera, la política criminal en el Estado, ha sido tendiente a modernizar el sistema penitenciario para una adecuada reinserción social bajo la premisa de protección de los derechos humanos, así como evitar que los reos vuelvan a cometer conductas antisociales que vulneren el bien común y el orden social.
En lo referente al Sistema de Justicia Penal en el Estado de Baja California debemos saber que entro en vigor el 11 de Agosto de 2010, presentado con bombo y platillos en un evento sin igual, una fiesta popular, donde reinaba la algarabía. Fue vendido el sistema penal como la panacea contra la delincuencia y su incidencia en aumento. Muchos creyeron haber descubierto el hilo negro o el agua tibia, pero la realidad ha sido otra.
Definitivamente se trata de un sistema modernizado, más no moderno, deriva del sistema anglosajón, el cual tiene siglos de vigencia, mas sin embargo, tenemos que esperar algunos años para en efecto determinar si es un buen sistema o no, aunque desde mi particular de vista, ya expresado en otras ocasiones, el problemas no son los sistemas penales, sino los operadores y las criminales políticas de Estado, que no cubren al mínimo los derechos de los gobernados para un desarrollo humano.
Podemos concluir mencionando nuevamente que la política criminológica y las estrategias del Estado de Baja California deben seguir en todo momento la línea de la política en materia federal; así mismo, que el Estado Mexicano y las Entidades Federativas han equivocado la forma de brindar seguridad a los ciudadanos, ya que carecen de profesionales en materia de criminología y derecho penal que guíen las distintas políticas criminológicas, como la política penitenciaria, la política de prevención, la política policial, la política social y todas aquellas que conforman esta ciencia, la cual está en espera de ser reconocida como autónoma, ya que siempre es considerada parte de otras ciencias penales y criminológicas, y que reclama su independencia, pero siempre bajo una visión interdisciplinaria para lograr una visión proactiva ante el delito.
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